Dicha impugnación se suma a las tres que previamente y por separado interpusieron las dirigencias nacionales de los partidos integrantes de la coalición Va por México.
En su acción de inconstitucionalidad de 288 fojas entregada este miércoles, los legisladores del bloque opositor pidieron al Poder Judicial declarar la invalidez del decreto de la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa “por el atropello a principios y disposiciones de la Constitución”.
En un comunicado conjunto, sostuvieron que el Plan B vulnera la equidad en los procesos electorales, al permitir que servidores públicos se pronuncien a favor de determinado candidato y puedan presentar sus informes de gobierno en el momento que decidan, incluso durante un proceso electoral.
Asimismo, advirtieron, viola el federalismo y la libertad hacendaria, al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia.
El líder parlamentario del PAN, Jorge Romero, subrayó que la coalición Va por México en la Cámara de Diputados decidió interponer el recurso en defensa de las instituciones democráticas y contra el autoritarismo del presidente y funcionarios de Morena que, con sus intervenciones ilegales, realizan actos simulados de comunicación.
A su vez, el coordinador del PRI en el Palacio de San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que las bancadas de Morena y sus aliados incurrieron en violaciones al proceso legislativo, sin respetar los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
“Durante el proceso legislativo para su aprobación, se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance”, dijo.
Advirtió asimismo que resulta inconstitucional eliminar las restricciones a la difusión de propaganda por parte de los servidores públicos y al ejercicio del gasto público y difusión de contenidos gubernamentales.
El jefe de la bancada perredista, Luis E. Cházaro, hizo un respetuoso llamado a la Suprema Corte para dar trámite a la mayor brevedad a las acciones de inconstitucionalidad, toda vez que sería indispensable conocer el fallo antes de que inicie el proceso electoral 2024.
“Tendríamos de aquí al verano de este mismo 2023 para que quede resuelto y garantizar un andamiaje jurídico e institucional acorde a los requerimientos de un proceso complejo como el que viene en 2024. Es decir, un fallo que garantice que contaremos con una elección equitativa, confiable y libre de dudas para las y los mexicanos”, puntualizó.
En el #PRD defendemos la democracia y las instituciones, por ello presentamos una Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN, para frenar el #PlanB del presidente, mismo que fue aprobado por el oficialismo violentando el proceso legislativo y atentando contra la Constitución. pic.twitter.com/jygqEGCGb8
— Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) January 25, 2023
