La Asamblea Permanente de Víctimas, Sobrevivientes y Expresos Políticos de Oaxaca 2006-2007 anunció una lucha legal ante los tribunales del estado para exigir al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que aplique la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011.
A partir de esta reforma, explicó Isaac Torres Carmona, dirigente estatal de la Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limeddh), se establece la obligación a cargo del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el propio Estado «reconociendo el carácter jurídico de las víctimas y su derecho a la justicia y el resarcimiento integral de los daños».
También informó que el pasado 28 de enero de 2019 demandaron la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Administrativa que utilizó de base la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca para exonerar al gobierno estatal por las violaciones a los derechos humanos cometidas a personas detenidas arbitrariamente, torturadas y criminalizadas en el marco de los hechos ocurridos en noviembre de 2006.
«Ahora corresponde al Poder Judicial Federal, al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa de este Décimo tercer Circuito, resolver el amparo directo 35/2019, todas y cada una de nuestras demandas, que como colectivo de víctimas reclamamos al gobierno del estado de Oaxaca «.