Indicó que el ex alcalde es investigado por un desfalco que causó al municipio de Progreso de Obregón por un millón 620 mil pesos. Con él suman seis presidentes municipales y un ex edil vinculados a proceso por la Estafa Siniestra, en la cual se investiga el desvío de recursos públicos.
De los seis presidentes municipales vinculados a proceso, cuatro se encuentran privados de su libertad: Epazoyucan, Huautla, Yahualica y Tula, señalados uso ilícito de atribuciones y facultades. Dos más enfrentan su proceso penal en libertad: al de Tlahuelilpan y Pisaflores por uso ilícito de atribuciones y peculado.
En el caso del ex alcalde de Progreso de Obregón la Procuraduría señaló que los hechos que le fueron imputados ocurrieron el 3 de abril de 2020, cuando R. M. R, en calidad de presidente municipal, distrajo de su objeto la cantidad de un millón 620 mil pesos, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2020 (FAISM), destinado para el municipio.
De acuerdo con el gobierno federal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago social y en las zonas de atención prioritarias urbanas y rurales, a fin de reducir el rezago en infraestructura social básica.
La Procuraduría precisó que el millón 620 mil pesos debían tener ese destino en beneficio del municipio, sin embargo el recurso fue transferido a una empresa, por concepto de adquisición de equipo médico, mismo que no fue adquirido.
Luego de que el juez definiera la situación legal del ex presidente municipal de Progreso de Obregón impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Cabe mencionar que al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo se creó la Unidad Especial encargada del maxiproceso de la Estafa Siniestra, en la que se investiga el desvío de recursos públicos a través de empresas fachada.