El senador Ricardo Monreal tiene la iniciativa de regular las redes sociales pues, para el morenista, tanto Facebook como Twitter han desatado “una especie de caos difícil de entender” en cuanto a sus políticas de contenidos. Evitar mensajes de odio y noticias falsas, así como proteger la libertad de expresión y los datos personales de los usuarios son algunas de las aristas que debería contemplar esta legislación. “No es la primera vez que se suscita un intento de regulación.
En 2017, Enrique Peña Nieto impulsó la llamada ley mordaza que modificaba el artículo 1916 del Código Civil Federal para establecer restricciones a quien utilice los medios de comunicación, incluido el internet, para comunicar información falsa o deshonrar a alguien. Al final dicha modificación no se logró”, dijo a Milenio, Isabel Uriostegui, maestra en comunicación política por la UNAM.
“Según Monreal, el tema merece interés porque las redes sociales hacen uso de la infraestructura nacional para distribuirse, además, plantea que es un deber del país ‘proteger la libertad de sus ciudadanos’”, detalló Uriostegui. Toda regulación de las redes sociales debe estar fundamentada en el respeto y preservación de los derechos fundamentales.
En tanto se enfoque de esa manera, no hay contras sino garantías de que se podrá ejercer la libertad de expresión, considera Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Para Uriostegui, lo preocupante del nuevo intento de regulación es que el tema se está tratando como un asunto relacionado a la soberanía, es decir un país enfrentándose a monopolios de las redes sociales como Facebook y Twitter. No hay que perder de vista que las redes sociales son empresas.
México se ha posicionado como uno de los principales clientes de estas empresas. El país se ubica en el quinto mercado más importante de la red social de Mark Zuckerberg, con 84 millones de usuarios, detrás de Brasil, Indonesia, Estados Unidos y la India, que es el número uno.
Asimismo, de acuerdo con Hootsuite, México es el décimo mercado más grande de Twitter y Statista lo sitúa en el noveno sitio con 10.65 millones de usuarios a octubre de 2020. Es probable que se apruebe una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular a las redes sociales y que se convierta en referente en América Latina.
“Lo importante es que se cuide el debido proceso y que exista transparencia por parte de las plataformas”, recalcó Bravo. Dos posibles caminos Más que una iniciativa de regulación se debe promover una ley que proteja los derechos digitales y de expresión, que incluya la protección de datos, privacidad, seguridad, y en especial eliminar la brecha digital, tema aún inconcluso en el país y que se evidenció tras la implementación de las clases online debido a la pandemia de covid-19, afirmó Uriostegui. En el mundo ya han surgido iniciativas institucionales para regular a las redes sociales.
En 2019 la Unión Europea encargó a la Comisión Europea la regulación de Facebook, Google y Twitter. Y a finales de 2020, a raíz del contenido político generado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, se planteó una reforma al artículo 230 de la Ley de Decencia en Telecomunicaciones, para que se regule lo que se publica en las plataformas sociales. Hasta ahora relacionado a la operación de las redes sociales se han propuesto dos caminos a nivel internacional.
Uriostegui señaló que el primero es “dar libertad digital, de ahí la extensión de los programas libres o de dominio público, Suecia está entre los países que más han trabajado hacia ese horizonte”.
Y el segundo es el de las restricciones, “tal cual su nombre lo indica, ven al internet como un arma que debe ser coaptada, es el caso de China, Corea del Norte y otros tantos intentos de amordazar el internet en todo el globo”, ahondó. Como en todo, hay dos caras de la moneda.
“Ante la pregunta ¿es válido que las empresas decidan sobre el derecho de admisión o exclusión de sus servicios? Sí, pero el problema es que se siga viendo al internet y sus redes sociales como un negocio.
Entonces, ¿el gobierno debe proteger la libertad de sus ciudadanos? Sí, sobre todo al proteger su privacidad. Debe empoderar a los usuarios y garantizar espacios libres de expresión online”, concluyó la especialista en comunicación política.
