El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dar respuesta a una solicitud de información en la que se pidió conocer cuántos recursos públicos destinará el gobierno federal para el desarrollo, producción y/o adquisición de vacunas anticovid.
Además, la solicitud pide información para conocer cómo participan la Fundación Carlos Slim y Grupo Carso en estas tareas relacionadas con el abasto de vacunas contra el covid-19.
A pesar de que la solicitud fue presentada en noviembre de 2020, a la fecha Cofepris no había respondido a la petición con el falso argumento de que se encontraba en suspensión de plazos a causa de la pandemia. Por la omisión en su respuesta y argumentar indebidamente la suspensión de plazos, a pesar de que para esa institución no le aplica dicha suspensión por tratarse de un organismo dedicado a actividades esenciales durante la pandemia, la comisionada Julieta del Río propuso también dar vista al Órgano Interno de Control correspondiente para sancionar a Cofepris.
La solicitud en cuestión consta de siete preguntas, consistentes en saber cuál ha sido la participación- y si se ha afirmado un contrato- de la Fundación Carlos Slim, de Grupo Carso o de alguna empresa filial o relacionada con dicho grupo en las actividades para el desarrollo, producción y/o adquisición de una vacuna contra el virus SARS-COV-2 por parte del gobierno federal.
Además, el ciudadano pidió conocer cuál ha sido el monto del financiamiento que ha aportado o aportará la Fundación Carlos Slim en las actividades para el desarrollo y/o adquisición de la vacuna anticovid y cuál es instrumento jurídico celebrado con dicha fundación para sustentar las tareas que realiza.
Asimismo, pidió información sobre a cuánto asciende el monto total de recursos públicos que el gobierno mexicano pretende destinar al desarrollo, producción y/o adquisición de una vacuna contra el virus SARS-COV-2, qué otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, están aportando recursos para el desarrollo y/o adquisición de una vacuna anticovid.
La comisionada Del Río explicó que inicialmente, la Cofepris respondió a la solicitud con una prórroga para poder encontrar la información solicitada, pero también argumentó que estaba vigente la suspensión de plazos. Sin embargo, dicha respuesta no resultó procedente porque a la fecha de la solicitud ya se habían reactivado los términos y plazos para la atención de solicitantes en actividades esenciales, por lo que la falta de respuesta resultó violatoria del derecho a la información.
Por ello, la comisionada propuso ordenar al sujeto obligado a dar trámite a la solicitud y dar vista al OIC respectivo a fin de que determine lo que a su derecho corresponda en relación a la omisión de dar respuesta. “La Cofepris debe asumir su responsabilidad para atender las solicitudes de las personas, ya que éstas responden a la natural inquietud por tener certeza de las acciones implementadas durante esta contingencia sanitaria”, dijo Del Río.
El proyecto de resolución fue aprobado por mayoría de seis votos de los integrantes del pleno, pues el comisionado Adrián Alcalá emitió un voto disidente por considerar que la redacción de la misma estuvo mal planteada.
