La Fiscalía General de la República (FGR), impugnará la resolución del juez de Control con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas, quien dictó el cambio de medidas cautelares, al conceder prisión domiciliaria al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Pero no podrá abandonar la Torre Médica de Tepepan, al enfrentar otro proceso en el Reclusorio Sur, relacionado a la supuesta tortura al presunto integrante de la organización criminal de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, señalado por la desaparición de los jóvenes.
La FGR informó que impugnará de inmediato esta resolución ante la segunda instancia y presentará la queja ante la segunda instancia el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para los aspectos administrativos que sean aplicables.
Este domingo la dependencia señaló que el 1 de noviembre, y horas antes de un día feriado y de un puente vacacional, la Fiscalía fue notificada por el Juez Rivas, para llevar a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares de Jesús Murillo, dando menos de dos horas y media de tiempo para realizar los trámites correspondientes.
En la diligencia, la FGR aportó 10 imputaciones directas, 69 testimoniales, 29 dictámenes periciales, 65 documentales y más de 100 videograbaciones y pruebas demostrativas.
Así como el análisis de riesgo procesal emitido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con objeto de demostrar la gravedad singular de los delitos por los que se está procesando a esa persona.
También el impacto en este caso, que puede devenir por una determinación que cuestiona la magnitud de los ilícitos.
La dependencia resaltó que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, representante de las víctimas y de sus padres, se adhirió al criterio de la Fiscalía, apoyando la petición de no variar la medida cautelar del procesado; ya que los delitos por los que se acusa a dicha persona y otras más, en contra de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, es uno de los crímenes más violentos.
Además, desmesurados y brutales en contra de víctimas indefensas, que se haya conocido en nuestro país, en los últimos años.
“A pesar de todos los datos, y de todos los apoyos del Ministerio Público y de las víctimas, y sin que hubiera una causal grave de enfermedad que afecta en forma urgente e inmediata al procesado, ni una desatención médica al respecto, el juez dictó el cambio de medidas cautelares que, por el momento, no permiten la libertad de dicha persona, debido a otro juicio pendiente
“La Fiscalía General de la República, impugnará de inmediato esta resolución ante la Segunda instancia y presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que sean aplicables”, detalló.
