Las fracciones del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados advirtieron que la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica no solo es inconstitucional y violatoria de tratados internacionales, sino además busca privilegiar energía cara y sucia.
En conferencia de prensa virtual, las senadoras Xóchitl Gálvez, Kenia López y Minerva Hernández, así como su correligionario Jesús Horacio González, sostuvieron que la iniciativa de carácter preferente presentada por el Ejecutivo contraviene las disposiciones del T-MEC que impiden privilegiar a monopolios de Estado, como el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Aquí lo que se pretende absolutamente es privilegiar la energía sucia de CFE, aunque sea más cara. Es falso que el sector privado genere energía más cara, es falso que por culpa del sector privado el gobierno pierda el dinero, lo que pasa es que CFE se queda con la utilidad de lo que le compra al sector privado y en lo que la vende”, remarcó Xóchiltl Gálvez.
El senador Jesús Horacio González señaló que la iniciativa presidencial abre las puertas a una expropiación indirecta, atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales y contraviene las garantías de certeza jurídica y de debido proceso.
“De aprobarse, afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica”, dijo.
Por separado y a nombre de la bancada panista en la Cámara de Diputados, la legisladora Cecilia Patrón acusó que la aprobación de la reforma propuesta por el Ejecutivo “retrasaría el reloj energético hasta 50 años”.
Secundó los señalamientos de sus correligionarios en el Senado y advirtió que los diputados de Acción Nacional impugnarán los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, en caso de que la mayoría parlamentaria de Morena los apruebe.
“Se trata de una reforma inconstitucional y contraria a diversos tratados internacionales, por lo cual, de aprobarse, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a hacer justicia en favor de las familias y el medio ambiente”, puntualizó la legisladora yucateca.
