La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) alertó sobre la situación que viven miles de presas y presos en los distintos reclusorios del país que no han sido beneficiadas con la Ley de Amnistía ni con las medidas de “sustitución de la pena” o de “preliberación” y acusó que viven “en una situación critica” derivada de la pandemia de covid-19.
En un informe preliminar, indicó que “la delegación internacional está gravemente preocupada por la situación de las personas privadas de libertad”.
La OMCT, junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, mencionó que “la impunidad y la falta de reconocimiento de las víctimas de la tortura persiste en México y no retrocede”.
Agregó que “medidas como la Ley de Amnistía, que fueron aprobadas para reducir la superpoblación y proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, previstas en la ley vigente, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria”.
Incluso “la población carcelaria tuvo un aumento significativo, más de 14 mil personas, en 2020, debido al uso abusivo de la prisión preventiva”. La organización mostró su preocupación por “la falta de información pública brindada por las autoridades penitenciarias sobre el número de contagios y muertes a causa de covid-19, los protocolos y medidas de de higiene, prevención y atención adoptadas”.
Estos hallazgos preliminares de la OMCT ocurren como resultado de una misión virtual que da seguimiento a las recomendaciones que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha hecho al gobierno mexicano en 2019. La misión virtual ocurrió entre el 4 y 11 de febrero.
Después de varias reuniones realizadas por la delegación internacional con autoridades, víctimas de tortura (sobrevivientes y familiares), además de organizaciones sociales se concluyó con lo siguiente:
“En la práctica, sigue habiendo una falta de voluntad y de recursos, que se muestra, de forma particular, en la actitud y prácticas, lentas y obstructivas, de la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, de terminar con esta práctica”.
Se afirmó que sigue vigente la falta de independencia, imparcialidad y rigor “de la gran mayoría de peritos oficiales, quienes siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo, actos de tortura y otros malos tratos”.
Pese a que el Comité Contra la Tortura de la ONU recomendó en 2019 sanciones penales y administrativas, contra funcionarios involucrados en hechos de ese tipo. El informe preliminar se refiere a la situación que viven los migrantes centroamericanos de paso por nuestro país.
“Preocupa profundamente que las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo sean desatendidas de forma sistemática. “Las estaciones migratorias siguen llenándose a pesar de la pandemia, el hacinamiento, la falta de higiene, de alimentación adecuada y de atención médica (incluida la atención de emergencia) son persistentes”.
La OMCT hizo un llamado a las organizaciones mexicanas para que en su momento consulten “el borrador definitivo”, además de la publicación y puesta en marcha del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Se espera que constituya un pilar para tener una política pública que coordine instancias y prácticas alrededor de la prevención, investigación, sanción y reparación de este tipo de hechos”.
