El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó a los políticos bolivianos a “consolidar la paz” y pidió un “debido proceso” tras la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez y dos de sus excolaboradores a los que se acusa de terrorismo y sedición en relación con la crisis política que dejó 36 muertos y obligó a renunciar al entonces mandatario Evo Morales en 2019.
El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó, a su vez, por el “diálogo y la reconciliación” en Bolivia y pidió resolver los conflictos “en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas”.
La detención de Áñez y de sus excolaboradores y la orden para aprehender a otros líderes de la oposición han reactivado las tensiones políticas en la nación andina.
La exmandataria tenía previsto una audiencia virtual el domingo con un juez de medidas cautelares. La Fiscalía adelantó que pedirá que Áñez sea enviada a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. Numerosos partidarios de Morales se dieron cita en las afueras de la policía en La Paz para pedir justicia por los caídos.
Los llamados de la ONU y la UE ponen énfasis en la actuación de la justicia boliviana, que ha estado en la mira internacional por décadas. Numerosos estudios la han cuestionado por lo que consideran una falta de independencia y subordinación al poder político.
Líderes opositores calificaron los arrestos como una vendetta política y acusan a Morales de alentarlas. El presidente Arce no se ha pronunciado, pero su vice David Choquehuanca dijo que “no es el odio que guía nuestros actos, sino una pasión por la justicia”.
Morales, por su parte, pidió desde Buenos Aires que «se investigue y se sancione a los autores y cómplices de la dictadura”.
La Fiscalía busca detener a políticos, activistas, militares y policías que pidieron la renuncia de Morales en noviembre de 2019 cuando el país vivía una violenta convulsión en las calles y una arremetida de las fuerzas del orden que dio muerte por bala a 19 partidarios del expresidente.
La convulsión estalló tras las elecciones de octubre de 2019 en las que Morales buscaba una cuarta reelección y que fueron denunciadas de fraudulentas.
Durante un mes las calles de varias ciudades fueron campo de batalla entre partidarios y opositores que desencadenaron en la renuncia de Morales y su partida hacia México.
Tanto Morales como Arce han calificado el hecho como un “golpe de Estado” , pero el dirigente opositor y expresidente boliviano Carlos Mesa ha dicho que ese argumento busca «encubrir el monumental fraude” en los comicios del 2019.
Áñez argumenta que no fue golpe de Estado, sino una sucesión constitucional. Ella era la única senadora en la línea de sucesión tras la renuncia de legisladores partidarios de Morales.
En su gestión de un año, Áñez impulsó ocho juicios contra Morales por fraude electoral, sedición y terrorismo, entre otros, pero todos quedaron archivados por la Fiscalía tras la asunción de Arce, quien ganó las elecciones en octubre del 2020. El mandatario también amnistió a sus partidarios que estaban investigados.
Áñez perdió apoyo político, incluso, fue derrotada en la elección de gobernadora de Beni en los comicios de la semana pasada
